Wednesday, January 18, 2017

Comunicado y Denuncia de APP sobre los asesinatos recientes en Buenaventura y Urabá, Colombia

17 de enero 2017

Foto de Emilsen Manyoma, fuente: Facebook
Como Acción Permanente por la Paz, nos entristeció profundamente esta mañana cuando nos enteramos de los recientes asesinatos de la compañera Emilsen Manyoma Mosquera y su pareja Joe Javier Rodallega. Emilsen era una lideresa afrocolombiana de CONPAZ (una red de comunidades y organizaciones de víctimas), y vivía en el municipio de Buenaventura. Trabajaba apoyando iniciativas comunitarias locales por la construcción de la paz en la región del Bajo Calima, el Espacio Humanitario Puente Nayero y su vecino el Espacio Humanitario Punta Icaco. Aunque falta aclarar aún todos los detalles del asesinato, la organización colombiana de derechos humanos la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta que el sábado por la noche, Emilsen y Joe fueron obligados a subirse en un taxi en el Barrio Villa Linda, Comuna 12 de Buenaventura. Sus cuerpos, encontrados con heridas de arma blanca y arma de fuego, fueron hallados esta mañana (17 de enero) en el Barrio El Progreso, Comuna 10 de Buenaventura.

La noticia sobre el asesinato nos golpea duro a nosotros de Acción Permanente por la Paz ya que hemos estado acompañado distintos procesos comunitarios en Buenaventura durante varios años y hemos desarrollado un trabajo especial en la zona de bajamar donde Emilsen trabajaba por construir la paz. Durante varias visitas, Emilsen nos dio una bienvenida cálida en el Espacio Humanitario Punta Icaco.

El asesinato de ella y su pareja ocurre en un contexto de amenazas que van aumentando en la zona de bajamar, con 5 familias recientemente desplazadas de la calle Piedras Cantan después de un enfrentamiento armado entre neo-paramilitares el 2 de enero. Además, fueron desplazadas 14 familias este diciembre pasado por causa de las amenazas de parte de neo-paramilitares. A pesar de la presencia alta de la fuerza pública en la zona, las amenazas y violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo a un ritmo preocupante contra la población afrocolombiana de Buenaventura.

Pese a los avances concretados por el gobierno colombiano y los históricos acuerdos de paz con las FARC que actualmente se encuentran en la fase de implementación, las amenazas y asesinatos contra los y las defensores de derechos humanos siguen aumentando, marcando un total de 85 asesinatos en el año 2016. De hecho, según la organización Somos Defensores, 78% de estas agresiones contra los y las defensores de derechos humanos durante el primer semestre de 2016 fueron cometidos por paramilitares y la fuerza pública en Colombia.

Acción Permanente por la Paz ha estado acompañando a los y las defensores de derechos humanos y comunidades en varias regiones de Colombia desde el año 2000, y estamos orgullosos y privilegiados de contar con la presencia de dos afrocolombianos en nuestra junta directiva nacional. Nos rompió el corazón otra vez recientemente cuando escuchamos de los tres asesinatos de familiares de Marino Córdoba, integrante de la junta directiva nacional de APP. Su hijo de 21 años, Wilmar Córdoba Forero fue asesinado brutalmente por machete por cuatro paramilitares en Belén de Bajirá en la región noroeste de Colombia el 19 de octubre. Otros familiares de Marino, Moisés Mosquera de 30 años y Juan de la Cruz Mosquera de 52 años fueron asesinados el 7 y el 9 de enero en el municipio de Rio Sucio (vea el comunicado publicado por AFRODES aquí.) Marino Córdoba, un compañero cercano de Acción Permanente por la Paz por muchos años, y su familia han sufrido episodios de violencia por más de dos décadas desde el momento original cuando fueron desplazados de sus hogares en Urabá durante la masacre paramilitar conocida como la Operación Génesis en el 1996.

En este contexto de violencia continua, Acción Permanente por la Paz apoya las exigencias comunicadas por las organizaciones que acompañamos, las cuales buscan la justicia para las víctimas. Apoyamos la exigencia que el gobierno estadounidense y la embajada estadounidense en Colombia contacten al gobierno colombiano y que:
  • La Fiscalía Nacional investigue, identifique y judicialice a los responsables de estos asesinatos de una manera rápida y eficiente.
  • Los grupos neo-paramilitares sean desarticulados completamente en todo el territorio colombiano.
  • Las fuerzas militares corten cualquier lazo criminal existente con grupos neo-paramilitares o criminales para poder garantizar la seguridad y la paz en todo el país. 
  • Las autoridades responsables garanticen seguridad a los familiares de las víctimas además de los otros miembros de la comunidad y residentes de la zona.
Adicionalmente, estamos de acuerdo que las Naciones Unidas y el cuerpo diplomático en Colombia y las organizaciones de derechos humanos acompañan a las comunidades y condenan estas violaciones sistemáticas.

Estamos en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras en Colombia mientras lamentan estas muertes injustas y luchan por la justicia y la paz en memoria de las víctimas.

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